LOS DELITOS DE INJURIAS Y CALUMNIAS

 María Filgueiras García

I. Concepto de injurias y calumnias

Estos delitos se encuentran regulados en el Título XI del Libro II del Código Penal (LO 10/1995, de 23 de diciembre).

 Las calumnias se encuentran definidas en el artículo 205 del Código Penal como “la imputación de un delitohecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”.

Para apreciar un delito de calumnias se requiere la imputación de un delito previsto como tal en el Código Penal o en leyes especiales, a través de hechos concretos que recaigan sobre persona determinada o determinable, siendo irrelevante la calificación que de el sujeto a los hechos que imputa, requiriéndose dolo directo o eventual y consumándose el hecho cuando llega a conocimiento del interesado o de terceros.

Las injurias se definen en el artículo 208 del Código Penal como “la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación”.

Para apreciar un delito de injurias se requiere la imputación grave de hechos o la formulación de juicios de valor deshonrosos, de cualquier forma posible -ya sea verbalmente o por escrito-, efectuada de forma dolosa y dependiendo a su vez para la apreciación de su existencia que tengamos en consideración el momento histórico, el territorio y las circunstancias particulares del caso. El delito de injurias, al igual que ocurre con el de calumnias, se entiende consumado cuando llega a conocimiento del injuriado.

Los delitos de injurias y calumnias son delitos privados, caracterizándose estos últimos por ser aquellos delitos conformados por hechos delictivos que no afectan al orden público y que, por tanto, no pueden ser perseguidos de oficio, sino que requieren la interposición de querella por el ofendido o su representante legal para que se produzca la incoación del procedimiento, según podemos observar en el artículo 215 del Código Penal.

 II. El bien jurídico protegido

Su bien jurídico protegido es el derecho al honor, un Derecho Fundamental reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución cuando se establece que “se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen”, derechos que han sido objeto de desarrollo en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen.

III. Evolución histórica.

A partir del siglo XIX, coincidiendo con la época de la codificación, con respecto a estos delitos podemos apreciar dos tendencias básicas, siendo la primera de ellas que se acentúa la intervención de los tribunalespara evitar la acción privada (p. ej., los duelos).

La segunda tendencia que no nos pasa inadvertida es que al fin se produce una democratización del concepto, en cuanto que el derecho al honor ya no se considera patrimonio exclusivo de una clase social determinada. Como ejemplo de este último cambio destacamos la Declaración de los Derechos del Hombre de 1948 que señala que “todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, así como que “nadie puede ser objeto de ataques a su honor y reputación”.

 IV. Concepto y contenido del derecho al honor

José María Rodríguez Devesa señala que el honor se emplea como equivalente a dignidad humana, por lo que requiere el respeto de los demás, abarcando también a personas cuyo valor social o ético es muy dudoso.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 1985, siguiendo la misma línea, establece “el honor en sentido lato, como equivalente a la dignidad de la persona humana, a la salvaguarda de su integridad moral, compendio, como si de círculos concéntricos se tratara, del honor subjetivo, objetivo y del decoro, sin olvidar que tales conceptos se hallan transidos de socialidad, influenciados y a merced del cambiante o evolutivo sentir del grupo social”. Por tanto, se pone de manifiesto que el honor no es un concepto inmutable, que depende no sólo de la percepción personal del sujeto afectado sino también de la sociedad.

En relación con lo expuesto, el Tribunal Supremo así como la doctrina han reiterado en múltiples ocasiones que el contenido del honor comprende dos aspectos:

  • Por un lado, el aspecto subjetivo o inmanente, definido como la conciencia que uno tiene sobre su propio mérito o reputación, la estimación de cada persona hace de sí mismo. El concepto normativo de honor se concreta en el aspecto interior, en la dignidad de la persona, respeto que toda persona merece por el mero hecho de serlo.
  • Por otro lado, el aspecto fáctico, objetivo o aparente, concebido como el valor o mérito de una persona y la idea que del mismo tienen los demás, constituida por la “reputación” o “fama” que la persona tenga en la sociedad.

 

V. Colisión del derecho al honor con otros derechos fundamentales

El artículo 20 de la Constitución dispone que “se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción; […] d) A comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión». Y en su apartado cuarto destaca que estas libertades tienen su límite, entre otros, en el derecho al honor.

En dicho artículo, por tanto, se reconoce el derecho a la libertad de expresión e información, así como la opinión pública libre, con las limitaciones derivadas del derecho al honor.

 A continuación, analizamos la doctrina del Tribunal Constitucional que pone de manifiesto los límites del derecho al honor en relación con la libertad de expresión e información.

Prevalece la libertad de expresión siempre que lo expresado suponga la exteriorización de pensamientos, ideas y opiniones, con inclusión de creencias y juicios de valor. En cuanto a la libertad de información, prevalece cuando lo publicado verse sobre los hechos que puedan considerarse noticiables tal y como señala la Sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de Mayo de 1995.

Además, los límites a los derechos fundamentales han de ser interpretados restrictivamente y en el sentido más favorable a la eficacia y esencia de tales derechos, según la sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 1990.

 Los derechos fundamentales expresados en el artículo 20 de la Constitución Española suponen el reconocimiento y garantía de la opinión pública libre, tal y como establece la Sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de julio de 1987.

El valor preferente de la libertad de información declina a favor del derecho al honor cuando su ejercicio no se realiza por cauces normales de formación de la opinión público sino a través de cauces anómalos e irregulares (p.ej., difusión de hojas clandestinas). Los límites a la crítica son más estrictos cuando se trata de personas privadas que no participan voluntariamente en la controversia pública, pero en cambio, los observamos más amplios cuando se trata de personas públicas, tema que analizaremos con detalle en otro post.

 La libertad de expresión viene delimitada por la ausencia de expresiones injuriosas sin relación con las ideas u opiniones que se expongan y que resulten innecesarias para la exposición de las mismas. La libertad de expresión e información NO autorizan al empleo de apelativos injuriosos utilizados con fines de menosprecio, según la Sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de junio de 1992. Además, la información ha de tener interés público, veracidad y exposición no injuriosa o insultante.

La libertad de información y su protección constitucional se extienden únicamente sobre la información veraz con relevancia pública atendiendo a criterios de proporcionalidad.

Por último, no podemos olvidar que las libertades que contempla el artículo 20 de la Constitución no son simples Derechos Fundamentales de los ciudadanos, sino que como ya comentábamos antes, son una condición de la existencia de la opinión pública libre, indisolublemente unida al pluralismo político, que es un valor fundamental de nuestro ordenamiento jurídico tal y como señala el artículo 1.1 de nuestra constitución, cuando establece que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.